(Ámbito) Tras perder estado parlamentario en diciembre pasado, el colectivo mencionado presentó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en la que constituye la séptima instancia formal para que el Parlamento debata el tema.
La reunión se llevó a cabo en el Anexo C de la Cámara baja, y tuvo como telón de fondo que se realizará dos días antes del Paro Internacional de Mujeres, donde la consigna contra la despenalización del aborto será uno de los ejes.
El proyecto es impulsado por las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR-Cambiemos), Mónica Macha (Frente para la Victoria-PJ) y Romina del Plá (Partido Obrero-Frente de Izquierda).
La iniciativa busca despenalizar esta práctica dentro de las 14 semanas de gestación y será girado a cuatro comisiones, con cabecera en la de Legislación General, que preside el macrista Daniel Lipovetzki.
En simultáneo con la presentación que realizarán estas diputadas, legisladores de Cambiemos, encabezados por el rionegrino Sergio Wiski (PRO), hicieron otro tanto con una propuesta propia, que, si bien avala la despenalización, plantea algunas diferencias.
La iniciativa también habla de la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, aunque propone abordarlo desde la reforma del artículo 86 del Código Penal.
La apertura del debate parlamentario sobre el tema de la despenalización del aborto formó parte del discurso del presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa del jueves pasado.
En ese sentido, Lipovetzki anticipó que el tratamiento en comisiones se iniciará el 20 de marzo y que se escucharán todas las opiniones sobre el tema, por lo que se prevé que el debate se extienda por varias semanas.
En este marco, la UCR porteña decidió apoyar institucionalmente el debate, y dijo mediante un comunicado que instará a los diputados nacionales "a legislar en base a los principios históricos de este partido y en favor de la despenalización".
LOS PRINCIPALES PUNTOS
La iniciativa integral defiende el derecho de toda mujer a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional "en ejercicio del derecho humano a la salud".
Toda mujer que haya solicitado un aborto y dado su consentimiento por escrito tendrá derecho a que se cumpla su petición en un plazo máximo de cinco días, sin que medie ninguna autorización judicial previa.
En tanto, en el caso de embarazos adolescentes, la norma entiende que entre los 13 y los 16 años, la mujer "cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento". En menores de 13 años, en cambio, "se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal".
Otro de los puntos del proyecto plantea que tanto el sector público de salud, como las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán incorporar como prestaciones médicas básicas obligatorias a sus afiliadas la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo y que las autoridades médicas de cada establecimiento de acuerdo al art. 40 de la ley 17.132 serán los encargados de garantizarlo.
Los alcances de este proyecto tienen en cuenta además los casos en los cuales la interrupción del embarazo ya es legal en la Argentina: "Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente; si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano y si existieren malformaciones fetales graves".
Además, deroga los artículos del Código Penal de la Nación que penalizan a la mujer y al personal sanitario que realice abortos bajo consentimiento.
Entre los fundamentos de la ley, los firmantes dejan en claro que el lema de la campaña es "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto sexual para no morir" y que este proyecto tiene por objetivo subsanar una carencia del sistema público de salud.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación de 2015, en Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año, según cifras estimativas, ya que se trata de una práctica clandestina que arroja a las mujeres a la ilegalidad. En 2012, murieron a causa de abortos mal realizados 33 mujeres en el país, constituyéndose en la principal causa de muerte materna.
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